La suspensión del fiscal Blanco es por 180 días sin goce de haberes, se trata del fiscal adjunto de la 3ª circunscripción judicial del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Venado Tuerto, quien es investigado en un juzgado bonaerense por su desempeño en una causa por narcotráfico.
Además, se estableció la remoción de su cargo e inhabilitación por 10 años para acceder al Ministerio Público de la Acusación (MPA) del fiscal Gustavo Alcides Ponce Asahad, fiscal adjunto de la 2ª circunscripción judicial del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Rosario, acusado de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y filtración de datos reservados 
loy, específicamente, de haberle exigido importantes sumas de dinero a cambio de protección judicial a un empresario ligado a una red de juego ilegal y a una organización de extorsionadores”.
Luego de la sesión, el diputado Pablo Farías, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Acuerdo, explicó que “hemos adherido a ambos dictámenes que ha salido por unanimidad de la sesión conjunta de ambas cámaras, que ya habían obtenido unanimidad en el tratamiento en la Comisión Bicameral de Acuerdo”.
Y continuó: “En el caso del fiscal Ponce Asahad se ha resuelto removerlo de su cargo con una inhabilitación por 10 años que es la máxima sanción que prevé la ley disciplinaria que está a cargo de la Legislatura”.
En tanto, en referencia al fiscal Mauro Blanco de Venado Tuerto, Farías reveló que “se le dio la máxima sanción de suspensión que es la de 180 días y lo que también hemos resuelto es suspender el trámite de acusación por una buena parte de los hechos que se están siendo investigados en este momento en sede judicial, hay un fiscal de la ciudad de Reconquista que están llevando a cabo una investigación, hay una causa penal contra el fiscal Blanco y nosotros lo que dejamos allí abierto es para que en el marco de la investigación, de los elementos que surjan y que a criterio de la Comisión Bicameral sean suficientes para proceder a una nueva sanción que la que resta de destitución”.
En el mismo sentido, Farías señaló que “preferimos hacerlo de esta manera para que el fiscal tenga la posibilidad de ejercer su derecho a defensa en sede penal y para poder tener dilucidados algunos de los hechos que fueron elevados en su momento por la auditoría del Ministerio Público de la Acusación”.
