El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que declara de interés público a la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinados a generar inmunidad contra el nuevo coronavirus, en una sesión en la que la oposición votó en forma dividida, tras objetar artículos que calificó de “flexibles” hacia los laboratorios.
La ley faculta al Gobierno a incluir en los contratos para la compra de vacunas cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales extranjeros pero en ningún caso podrá extenderse o comprender a terceros residentes en Argentina.
El proyecto fue aprobado por 56 votos a favor y 12 en contra tras un debate de casi tres horas, en el que el Frente de Todos apoyó sin fisuras la medida y el opositor interbloque de Juntos por el Cambio votó en forma dividida, ya que parte de la bancada acompañó la sanción y otro sector votó por un dictamen en minoría.
De los 56 votos a favor de la normativa, 40 fueron del Frente de Todos y 16 de la oposición.
En representación del oficialismo, el senador José Neder advirtió sobre “la urgencia” ante la que se encuentra el Estado para encarar “los convenios con la industria farmacéutica” que le permitan a la Argentina “tener la vacuna y así solucionar el problema de salud de millones de argentinos” en el marco de la emergencia social, sanitaria y económica por la pandemia.
“El Estado está ante un enorme desafío” para “enfrentar este grave problema de múltiples consecuencias, y señaló que ante ese panorama de “urgencia” el proyecto aprobado “contiene requisitos excepcionales” para la adquisición de vacunas.
Su par de bloque, Ana Almirón, aclaró que con la ley “se le está brindando al Estado herramientas para celebrar estos contratos” y señaló que “las empresas de la industria farmacéutica, que es sumamente compleja, pidieron requisitos que son excepcionales” en “un contexto de la emergencia”.
“De ninguna manera es un cheque en blanco”, afirmó, y precisó que los contratos pasarán por la Sindicatura General de la Nación y las comisiones de Salud del Congreso.
El jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, calificó como “un paso necesario e imprescindible” a la propuesta, ya que el Estado debe “garantizar el bienestar general, y en esto no puede haber dudas” aunque coincidió con las “observaciones” sobre aspectos del proyecto que dijo compartir con sus pares de bancada.
El presidente de la comisión de Salud, el radical Mario Fiad, declaró que la oposición es “consciente del valor que tiene que se pueda aprobar una vacuna para salir de esta dramática pandemia”, pero explicó que hay artículos que “que generan muchísimas dudas e incertidumbres”.
“Estamos ante un proyecto que consagra excepciones y le suma amplias facultades al Poder Ejecutivo que ya viene gobernando con instrumentos de excepción. Entendemos el objetivo, pero preocupan las imprecisiones del texto”, sostuvo, y pidió aclarar en la reglamentación algunas de esas inexactitudes.
La oposición cuestiona principalmente los artículos 4 y 9, vinculados a los controles de las autoridades sanitarias sobre las vacunas a aplicar y las reglas que autorizan procedimientos de aprobación de emergencia.
La senadora radical María Belén Tapia, autora de un proyecto en minoría, propuso en su iniciativa la eliminación de cláusulas de indemnidad patrimonial.
El senador de Juntos Somos Río Negro, aliado del oficialismo, Alberto Weretilnek, apoyó la norma y cuestionó a los sectores antivacunas que -dijo- proliferaron en los últimos días.
“Hoy en Neuquén una mujer le gritó ‘asesino’ a Ginés (por el ministro de Salud González García) por el hecho de que promueve el uso de la vacuna, y la verdad es que en la Argentina no puede haber lugar ya para decir vacuna si o vacuna no“, expresó el senador rionegrino.
