Finalmente en la mañana de hoy se realizó en la sala de audiencia de los Tribunales venadenses la audiencia cautelar contra el exdelegado de Amsafe departamento General López, Alberto Maurino y su exadjunto, Leandro Gonzalo. En la misma, el Juez Adrián Godoy dio lugar a la solicitud del fiscal de la causa, Damián Casullo, y dispuso para los ambos imputados: “la prohibición de salir del país, sin previa autorización y trabar embargo por la suma $753.000, con plazo de 10 días hábiles para ofrecer bien registrable libre de gravamen a esos fines, o en su defecto, traba de inhibición general de bienes al día hábil siguiente”.
Al respecto, cabe recordar que, Maurino y Gonzalo previamente fueron imputados el 27 de dicembre pasado por administración fraudulenta. Al primero también se le atribuyó el delito de invocar calidad simulada.
Lo cierto es que en la audiencia de hoy presidida por el magistrado Adrián Godoy, acudieron los dos exdirectivos de Amsafe junto con sus respectivos abogados, Raúl Superti (Maurino) y Ana Regidor (Gonzalo). Por su parte, el fiscal acusador es Damián Casullo y también estuvo el actual delegado del gremio docente y denunciante del caso, Javier Delgado junto a su abogado patrocinante, Carlos Lesgart.
LA AUDIENCIA
Así, Casullo solicitó medidas cautelares no privativas de la libertad para los imputados que incluyen el embargo por el monto de cuarenta millones de pesos y residualmente se disponga la inhibición general de bienes; inmovilización de fondos bancarios por el plazo de 180 días e inmovilización de fondos depositados en mutuales y cooperativas y prohibición de salir del país. Ante dicha solicitud los defensores, Superti y Regidor manifiestan su oposición a las medidas pero aceptan la opción de prohibición del país.
Posteriormente, compadece el actual delegado de Amsafe General López, Javier Delgado, quien manifiesta su coincidencia con lo planteado por el fiscal.
Así las cosas, cerró al audiencia con la resolución del juez que culminó decretando para los dos imputados la prohibición de salir del país, sin previa autorización judicial. A la vez, trabó embargo respecto de los imputados por la suma de $753.000, con plazo de 10 días hábiles para ofrecer bien registrable libre de gravamen a esos fines, o en su defecto, traba de inhibición general de bienes al día hábil siguiente. Y también invitó a las partes a explorar salidas al conflicto.
LA CAUSA
La causa lleva más de 4 años, ya que arrancó con la denuncia realizada a fines de junio del 2016 por el actual delegado del gremio docente, Javier Delgado, a poco de asumir sus funciones. En aquella oportunidad, Delgado denunció que la comisión anterior antes de retirarse realizó movimientos en efectivo por más de 4,5 millones de pesos.
De esa cifra, $2 millones fueron utilizados para abonar la indemnización de seis trabajadores que en realidad estaban en calidad de monotributistas (entre ellos la esposa del propio Gonzalo a la que se le pagó $500 mil). Pero además para realizar la extracción de este dinero y el trámite respectivo en la delegación del Ministerio de Trabajo local, el ex delegado Alberto Maurino se atribuyó la figura de secretario general. “En nuestro sindicato los delegados no tenemos facultad de realizar esos movimientos, sólo los puede hacer la secretaria general (actualmente, Sonia Alesso)”, apuntó en ese momento, Delgado. Por eso, se le sumó a la imputación por administración fraudulenta, el delito de invocar calidad simulada.
En otro orden, también la imputación es por los gastos incluidos en los últimos días de mandato de la anterior comisión en materiales de construcción y en honorarios a arquitectos. Por ejemplo en el día de la elección, hay un pago de 600 mil pesos a un arquitecto y a su hija.
CONFORMIDAD Y CRÍTICA A LA CONDUCCIÓN DE AMSAFE
Luego de conocida la resolución del juez, el actual delegado de Amsafe General López, manifestó su conformidad por lo sucedido hoy, pero también reclamó la posición de la actual condución del gremio a nivel provincial. En ese sentido destacó: “Nosotros desde un principio notificamos la situación a Sonia Alesso (titular provincial de Amsafe) y no solo no hizo nada, sino que tuvo una posición de ocultamiento“.
Y agregó: “De hecho el juez nos dijo que si hubiera existido un querellante, la única que podía serlo es Alesso pro ser la secretaria general del sindicato, esto se podría haber esclarecido antes. Nosotros hace cuatro años que estamos enviándoles cartas documentos para que intervenga y nunca respondió”.
Nota gentileza Venado 24.
