Este jueves por la mañana se realizó en los Tribunales de Venado Tuerto una audiencia multipropósito solicitada por la fiscal Mayra Vuletic, en el marco de la causa “Di Benedetto Antonio, Sava Marcelo Jesús y Jaime Raúl Alberto y otros s/ asociación ilícita, estafa, falsificación ideológica, falsificación de documento privado y uso de documento privado”, conocida públicamente como Megaestafa Inmobiliaria 1. La resolución de los magistrados intervinientes obliga a restituir los bienes a sus legítimos propietarios, al considerar que las escrituras falsas con las que se concretaron las maniobras carecen de validez jurídica.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Leandro Maximiliano Martín, Mariana Belén Vidal y Aldo Emilio Baravalle. Participaron además la defensora pública Silvia Couselo (por Jaime), los abogados Ángelo y Lucío Rossini (por Di Benedetto) y Fernando Baiguera (por Sava). Los condenados Antonio Di Benedetto y Raúl Jaime siguieron la audiencia por Zoom, mientras que Marcelo Sava estuvo presente en la sala.
La fiscal Vuletic solicitó que se declare firme el punto de la sentencia de primera instancia —dictada en octubre de 2022— que ordenó la devolución de los bienes inmuebles sustraídos a sus legítimos propietarios. En aquel fallo se había determinado que las escrituras públicas utilizadas para apoderarse de 18 propiedades rurales y urbanas eran falsas, por lo que no generaban efecto jurídico alguno. Las víctimas, que aún no lograban ver rectificados los asientos registrales, con los inmuebles inscriptos a su nombre, venían haciendo presentaciones en sede penal y civil a los efectos de lograr que estos aparezcan inscriptos a favor de los verdaderos titulares.
Vuletic fundamentó su pedido señalando que esa parte del fallo nunca fue apelada por las defensas y, por ende, debía considerarse firme. No obstante, advirtió que el cumplimiento de dicha disposición no se había concretado, motivo por el cual impulsó la audiencia de hoy.
Tras escuchar a las partes, los jueces resolvieron hacer lugar a lo solicitado por la fiscal, disponiendo el Cese del Estado antijurídico y mandando cumplimentar en tal sentido el Punto IX de la sentencia de primera instancia que ordena la restitución de los inmuebles a sus dueños originales. En un fallo oral, el presidente del tribunal coincidió en que los abogados defensores no apelaron ese aspecto del fallo condenatorio, los escribanos y titulares aparentes de los bienes habían aceptado su responsabilidad penal y era poco probable la mutabilidad jurídica de la sentencia ya confirmada en segunda instancia, razón por la cual la restitución debe efectivizarse sin más dilaciones. Fundó también lo resuelto en el derecho de las víctimas al requerir el inmediato reintegro de sus bienes y cese del estado antijurídico (Art. 80 inc. 8°).
Con esta resolución, se reafirma el criterio adoptado en el histórico juicio de 2022, en el que Antonio Di Benedetto —abogado y considerado jefe de la organización— fue condenado a 12 años de prisión efectiva (se encuentra alojado desde el 8 de noviembre del 2023 en la Unidad Penitenciaria de Piñero), Raúl Jaime a 10 años (logró el beneficio de la domiciliaria el 12 de julio del 2024), y Marcelo Sava a 3 años y 6 meses (el 10 de noviembre del 2023 le otorgaron la libertad bajo estrictas reglas de conducta), por delitos de asociación ilícita, estafa y falsificación de documentos.
La audiencia de este jueves representa un nuevo paso judicial en una de las causas más emblemáticas de la historia judicial de Venado Tuerto y el sur santafesino, donde el patrimonio afectado superó los 20 millones de dólares.
La segunda parte de la causa, aún pendiente
A la par de esta resolución, todavía permanece pendiente la definición judicial de la denominada “Megaestafa Inmobiliaria 2”, causa derivada del expediente principal y que involucra nuevas denuncias de víctimas por maniobras similares.
Ese segundo tramo del proceso se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, tras el dictamen favorable del procurador general Jorge Barraguirre al recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Vuletic contra la resolución del juez de Cámara Tomás Orso, quien había declarado prescripta la acción penal.
Durante su reciente visita a Venado Tuerto, el presidente del máximo tribunal provincial, Roberto Falistocco, aseguró que el fallo será dictado “en un plazo razonable de unos cinco meses”, lo que mantiene las expectativas en torno a una definición clave para las víctimas y para el avance de una de las causas más sensibles del sur santafesino.
Nota gentileza Venado 24.
