Este lunes en Venado Tuerto se llevó adelante un nuevo operativo en el marco de la Ley de Microtráfico con el derribo de un inmueble utilizado para la venta de estupefacientes. La intervención tuvo lugar en un domicilio ubicado en Pavón 568 y significó la inactivación del búnker número 100 en toda la provincia de Santa Fe.
El operativo fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto al intendente Leonel Chiarella, y se concretó a partir de una denuncia realizada de manera conjunta entre el Municipio, el coordinador regional del Ministerio de Seguridad y Justicia, Nahuel Pasquinelli, y la senadora provincial Leticia Di Gregorio, a lo que se sumó información aportada por vecinos a través del Buzón de la Vida.
“Este es un mensaje muy claro: a los narcos y a los que venden droga los queremos presos y que los barrios estén tranquilos”, apuntó el mandatario.
En ese marco, Chiarella explicó que la implementación de la Ley de Microtráfico permitió acelerar las investigaciones y avanzar con mayor rapidez en este tipo de causas, para luego recordar que la política de derribos se aplica en todo el territorio santafesino y que el búnker número 98 fue inactivado en Capitán Bermúdez y el número 99 en la localidad de Frontera.
Sobre el caso de Venado Tuerto, detalló que en el inmueble “se vendía droga, se utilizaba a menores para vender y se llevaba adelante toda esta operatoria ilegal”, y precisó que los responsables, David Reche, de 34 años, y Alejandra Patricia Tiseira, de 48, se encuentran detenidos junto a otras seis personas.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, recordó que “ayer se cumplieron 2 años de vigencia de la Ley de Microtráfico, una herramienta que nos ha dado una respuesta frente a una situación que asolaba a muchísimas localidades”, recordó Cococcioni, quien aseguró que esta norma “nos está permitiendo dar una respuesta inmediata, efectiva, y trabajar en coordinación con la fiscalía”.
LA CLAVE
Sobre la problemática, el funcionario provincial insistió en que esta ley es “fundamental en la política de seguridad, porque donde hay venta barrial de estupefacientes, hay uso de armas, hay personas con antecedentes, hay comisión de otros delitos, hay robos, hay robo para comprar estupefacientes, hay promoción de la prostitución. Alrededor de cada punto de venta de droga se potencia la probabilidad de comisión de otros delitos y empeora la calidad de vida de la gente”, y por eso “cada búnker derribado es un poco más de tranquilidad que devolvemos a los santafesinos, y es un pedazo de nuestro territorio que vuelve a controlar nuestra policía y no está en manos de los delincuentes”.
En ese sentido, el ministro aseveró que “nosotros hemos enfocado como prioridad el microtráfico, porque acá no estamos hablando solamente del tráfico de droga, sino de los otros delitos que genera y que en algunos lugares generaba muchísima violencia”; y recordó al respecto que “la semana pasada se presentó la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico a nivel provincial, que va a tomar el tema y coordinarlo en toda la provincia con cada una de las fiscalías regionales”, concluyó.
INACTIVACIÓN DE BÚNKERES
Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024. El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial. El trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.
